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SIN DERECHO A PROTESTAR


Creo que puedo contar con los dedos de la mano las veces que salí a la calle en Colombia a marchar. Protesté un par de veces contra el secuestro y contra las FARC. Esa era una marcha bien vista, de “gente de bien” queriendo la paz. Marchas en las que salía con camiseta blanca junto a mis amigos del colegio. Las otras, las de los estudiantes de las universidades públicas o las mingas indígenas parecían no ser para mí, eran marchas mal vistas de gente “nada que ver”. Debo confesar que yo, una estudiante de universidad privada, sentía miedo de lo que podría pasarme si marchaba. Pero sobretodo sentía miedo del “qué dirán”: ¿Qué iban a decir de mí: que era una de esas revolucionarias que sólo quería pelear contra todo?

Yo creo que mi caso no es raro. Nací en un país en el cual matan a la gente por protestar. En el que salir a la calle a exigir nuestros derechos es suficiente para que nos tilden de “guerrilleros”, “izquierdosos” y hasta “terroristas”. En el cual decir que no estamos de acuerdo con algo, porque nos parece injusto, porque nos indigna, o porque podría ser mejor, nos hace personas conflictivas e indeseables. Un país en el que usar el espacio público para manifestar nuestras ideas de cambio es de “quinta”, de “verduleras” y “arrabaleros”. La “gente decente” aguanta, hipócritamente, mientras muchas veces pasa plata por debajo de la mesa para que otros usen la fuerza para alcanzar lo que quieren.

Es un país ilógico, porque nos parece horrible quien protesta pacíficamente, pero en cambio nos aguantamos a personajes sacando una pistola cuando no están de acuerdo con algo o cuando simplemente quieren demostrarnos su poder. De hecho, un gringo me dijo hace poquito que le parecía macondiano cómo en Colombia convivía la gente más amable del mundo con la más descarnadas de las violencias. Y no lo pudo haber descrito mejor.

Contra toda expectativa y dada la magnitud de los hechos, últimamente sí hemos salido a marchar sin importar cómo nos califiquen. Hemos salido en todas las ciudades, a todas las horas. Hombres, mujeres, y transgéneros, ricos y pobres, “gente divinamente” y gente “nada que ver”, campesinos, indígenas y citadinos, hemos llenado plazas y calles con gritos de paz y reconciliación. Hemos marchado en Colombia y afuera, con velas en las manos y el corazón dispuesto para el cambio. Han sido marchas profundamente solidarias en las que nos hemos unido con coraje para exigir lo que nos pertenece y tratar de limitar tanta violencia e injusticia.

Como parte de esas protestas se creó el Campamento por la Paz en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Un campamento formado por jóvenes para promover el acuerdo entre las FARC y el Estado. Un espacio pacífico en el corazón de la capital del país, al que llegaron chefs y cocineros, plantas eléctricas, y donaciones hasta de los habitantes de Bojayá. Un campamento que yo personalmente apoyé porque invitó al diálogo, a la reconciliación y a la protesta pacífica en el espacio público. Un campamento en el que varios de los campistas empezaron a ser violentamente amenazados por esas fuerzas oscuras que prefieren la guerra a la paz.

Sin embargo, el ESMAD de la policía llegó en la madrugada de uno de estos días y acabó con el campamento. Una vez más, parecía que protestar pacíficamente no era válido. Que buscar la reconciliación en un país extremadamente dividido era indeseable. Que unirse con otras personas en el espacio que es de todos para alcanzar la paz era la peor de las afrentas.

¿Quién sabe que fue lo que no les gustó del campamento? Oí por ahí que los campistas eran tildados de “sucios marihuaneros”, gente desocupada, hippies a los que les faltaba bañarse. Tal vez los campistas hacían parte del grupo de la gente “nada que ver” y por eso mejor que no protestaran. Usar la fuerza pública para suprimir la protesta pacífica se repitió una vez más en un país de gente profundamente amable en el que la gran mayoría no tiene derecho a protestar.

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